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La Fiscalía General del Estado (FGE) que encabeza Uriel Carmona Gándara debe de esclarecer la desaparición y asesinato del regidor de Puente de Ixtla, Nicéforo Flores González y su asesor, Uriel Mejía Landa, demandó el secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado.
“Todos queremos que esclarezca, que se sepa qué es lo que pasó, fueron varios días en los que no se encontraban, se realizaron todas las acciones para tratar de ubicarlos, pero finalmente aparecieron, que pena que haya sido así en esas condiciones.
“Ahora, hay que hacer los actos de investigación y ojalá se pueda lograr esclarecer los hechos, qué es lo que ocurrió, y quiénes participaron en estos eventos”, solicitó también el encargado de la política interna de Morelos.
De acuerdo a las declaraciones de Sotelo Salgado desconocen si éstos funcionarios municipales, ahora occisos, habían reportado alguna amenaza de muerte o si habían solicitado seguridad ante el titular de la CES, José Antonio Ortíz Guarneros o al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.
Hasta este día, martes 24 de enero, según el funcionario estatal el fiscal general del estado no ha informado sobre este hecho ni en la mesa de seguridad que tienen todas las mañanas, a pesar que los dos funcionarios municipales fueron encontrados la tarde noche del pasado sábado, y estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 10 de enero.
La última vez que vieron al regidor y su asesor fue la tarde del 10 de enero exactamente cuando salieron del ayuntamiento de Puente de Ixtla que encabeza Claudia Mazari.
El pasado 10 de enero el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros, reveló que unos 12 alcaldes habían sido amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado, porque según, “los malos” querían apoderarse hasta de la venta de cerveza, refrescos, y hasta de los permisos de las ferias que se celebraron al final del año y en el comienzo de este año (2023).
De esos 12 ediles que han manifestado alguna u otra amenazas de delincuentes que operan en sus municipios, según la información de Guarneros, sólo 8 cuentan con medidas de protección, “hay varios que tienen”, medidas de protección que consiste en otorgarles policías estatales para su resguardo.
